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| Fuente Externa |
Santo Domingo.- Casi
dos semanas después de que un tribunal enviara a prisión preventiva a los
cuatro hombres acusados del crimen que le costó la vida a Zeneida Socorro
Castillo, esposa del merenguero Julián Oro Duro, la familia de la víctima pidió
formalmente que la investigación no se detenga ahí. A través de su abogado,
Plutarco Jáquez, solicitaron abrir una nueva línea de pesquisas para determinar
si existe una quinta persona con algún grado de participación en el hecho.
"Con
esa nueva línea de investigación que solicita la familia, porque no está
conforme con lo que se ha hecho, se va a determinar si hay un posible quinto o
quinta persona en este proceso. Esa es la impresión y la información que
nosotros manejamos", declaró Jáquez, quien representa a Sara Martínez,
madre de Zeneida, y a un hermano de la víctima. El abogado fue enfático en
aclarar que la familia no está señalando a nadie en particular, sino pidiendo a
las autoridades que profundicen para confirmar o descartar esa posibilidad.
Lo
que ya está establecido en el expediente
El
caso se originó la madrugada del 20 de septiembre, cuando varios atacantes
entraron a la residencia de la pareja en el sector Brisa Oriental VI, Santo
Domingo Este. Según la acusación del Ministerio Público, Castillo, de 60 años,
fue atacada y sometida a tortura durante varias horas antes de morir; Julián
Oro Duro, cuyo nombre real es Gilberto Julián Sarante Perdomo, llegó
posteriormente a la vivienda y fue agredido físicamente, resultando con heridas
de consideración. Los fiscales tipificaron los hechos como homicidio voluntario
agravado, tortura, asociación de malhechores y robo agravado.
El
Tribunal de Atención Permanente de Santo Domingo declaró el caso de naturaleza
compleja e impuso 18 meses de prisión preventiva a los cuatro imputados: Kevin
Dariel Germán Troncoso ("Yandel"), Lawrence Mark Liranzo Marcos
("Chiquito"), Phillips Michael Tejeda Vásquez y Juan Carlos Hernández
García. Los cuatro deberán cumplir la medida en el Centro de Corrección y
Rehabilitación Las Parras, en San Antonio de Guerra. Según reportes de prensa
previos, uno de los señalados, Tejeda Vásquez, había trabajado anteriormente en
propiedades de Julián Oro Duro y lo acompañaba en algunos compromisos
artísticos, mientras que la víctima habría tenido contacto previo con algunos
de los implicados antes del ataque.
Durante
el operativo, la Policía Nacional reportó la recuperación de US$33,690 y
RD$196,500 en efectivo, además de varias pertenencias presuntamente sustraídas.
Del total, a Liranzo Marcos le fueron ocupados US$19,900 y RD$78,000; a Tejeda
Vásquez, US$9,800; a Germán Troncoso, US$3,750 y RD$88,000; y a Hernández
García, US$240 y RD$30,500.
Una
segunda línea: la extorsión
La
petición de la familia no es el único frente abierto en este expediente. Días
antes, el abogado de Julián Oro Duro, Cándido Simón, había denunciado una trama
paralela de extorsión contra el artista, en la que, según dijo, al menos tres
personas utilizaron transmisiones en vivo en redes sociales para afirmar
falsamente que el cantante "debe estar preso" y para sugerir que
habría ordenado el asesinato de su propia esposa. Simón no identificó
públicamente a los responsables de esas transmisiones, pero las calificó como
un intento de atacar la reputación del artista en paralelo al proceso judicial.
Consultado
sobre si esa línea de extorsión formaría parte de la ampliación solicitada por
la familia, Simón respondió que la investigación debería alcanzar a
"cualquier otro que esté involucrado, incluyendo aquellos que estén
pretendiendo extorsionar", dejando entrever que, para la defensa del
artista, ambos frentes —el ataque original y las campañas en redes— podrían
estar conectados o merecer igual atención de las autoridades.
Consenso,
por ahora
Pese
a que se trata de dos representaciones legales distintas —una por la familia de
la víctima, otra por el propio Julián—, Simón descartó que exista fricción
entre ambas partes. "Hay consenso", afirmó a la salida de la
audiencia, explicando que tanto él como Jáquez representan, en última
instancia, los intereses de la víctima.
Por
su parte, los abogados de los cuatro hombres enviados a prisión adelantaron que
apelarán la medida de coerción, alegando violaciones al debido proceso y
presuntas agresiones físicas contra uno de los procesados durante su arresto.
El
proceso permanece abierto. Como ocurre con cualquier caso en esta etapa, las
imputaciones contra los cuatro detenidos corresponden a la acusación del
Ministerio Público y están sujetas al proceso judicial correspondiente; ninguno
ha sido condenado hasta el momento, y la eventual existencia de un quinto
implicado sigue siendo, por ahora, una solicitud de la familia pendiente de
respuesta por parte de las autoridades.
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