El reglamento dará continuidad a los esfuerzos iniciados con la aprobación del Código de Ética de la Inteligencia Artificial para los Servicios Públicos mediante el Decreto No. 787-26Santo Domingo.– Como parte de los próximos pasos para consolidar la gobernanza de la inteligencia artificial en el Estado dominicano, el Ministerio de Administración Pública (MAP) anunció que, en ejercicio de sus atribuciones como órgano rector de la administración pública, elaborará durante 2027 el Reglamento General de Inteligencia Artificial para el Sector Público, que será sometido al Poder Ejecutivo para su aprobación mediante decreto.
Este instrumento permitirá desarrollar un marco regulatorio integral para la adopción, implementación y utilización responsable de sistemas de inteligencia artificial en las instituciones públicas, estableciendo criterios comunes de gobernanza, gestión de riesgos, responsabilidades institucionales, transparencia y protección de derechos.
El reglamento dará continuidad a los esfuerzos iniciados con la aprobación del Código de Ética de la Inteligencia Artificial para los Servicios Públicos mediante el Decreto No. 787-26, como un paso importante para incorporar estas tecnologías a la gestión pública bajo reglas claras, garantizando la protección de los derechos ciudadanos, la transparencia y la responsabilidad institucional mediante los instrumentos de transformación digital y modernización administrativa existentes. Así se procura una aplicación coherente de las disposiciones además de evitar duplicidades y cargas administrativas innecesarias.
El ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, destacó que estas iniciativas forman parte de la visión estratégica del Gobierno dominicano para modernizar el Estado y lograr que las instituciones ofrezcan servicios más sencillos, oportunos y accesibles, mediante el intercambio seguro de información y el aprovechamiento responsable de las nuevas tecnologías.
Señaló que el objetivo es construir las condiciones institucionales necesarias para que la inteligencia artificial contribuya a mejorar la calidad de los servicios públicos, fortalecer las capacidades del Estado y simplificar su relación con la ciudadanía.
Asimismo, Freund valoró positivamente la aprobación del Código de Ética, el cual establece principios y obligaciones para que el uso de la inteligencia artificial en la administración pública respete la protección de datos personales, la no discriminación, el debido proceso y la supervisión humana.
Asimismo, contempla evaluaciones de impacto para aquellos sistemas cuyo funcionamiento pueda afectar significativamente los derechos fundamentales, el acceso a beneficios públicos o la prestación de servicios esenciales.
En el marco de su implementación, el MAP promoverá los lineamientos correspondientes a sus competencias rectoras, en coordinación con la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), responsable de la supervisión ética, y la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogtic), encargada de las funciones técnicas previstas en el decreto.
Una agenda integral para la transformación digital del Estado
El ministro Freund explicó que el Ministerio de Administración Pública trabaja en cinco frentes conectados que constituyen las bases para una incorporación efectiva y responsable de la inteligencia artificial en la Administración Pública: datos e interoperabilidad; digitalización administrativa y servicios proactivos; arquitectura pública digital; coordinación de inversiones tecnológicas; y formación de los servidores públicos.
Entre las normativas ya aprobadas se encuentra el Decreto No. 403-26, que establece el Marco Nacional de Interoperabilidad y Gobernanza de Datos, orientado a facilitar el intercambio seguro de información entre instituciones y reducir los requisitos documentales exigidos a la ciudadanía.
También, el Decreto No. 384-26 que impulsa la Estrategia Nacional de Servicios Proactivos, mediante la cual las instituciones podrán anticiparse progresivamente a determinadas necesidades de las personas y facilitar el acceso a servicios y beneficios públicos.
A estas iniciativas se suma el Decreto No. 714-26, que establece el Reglamento de Coordinación e Interés Estratégico de la Infraestructura Digital del Estado, con el propósito de mejorar la coordinación de las inversiones tecnológicas, evitar duplicidades y fortalecer la sostenibilidad y eficiencia de los servicios digitales.
Freund reiteró que la inteligencia artificial debe servir para simplificar la relación de las personas con el Estado, y que su aprovechamiento requiere datos confiables, instituciones coordinadas, inversiones bien orientadas y servidores públicos preparados.
Fortalecimiento de las competencias digitales de los servidores públicos
Como parte de esta agenda, el Ministerio de Administración Pública impulsa la elaboración de un Marco de Competencias Digitales para Servidores Públicos, en articulación con el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y con el acompañamiento de organismos internacionales de cooperación, entre ellos el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Esta iniciativa busca orientar la formación, la actualización y el desarrollo de las capacidades del servicio civil frente a las nuevas necesidades de la Administración Pública, incluyendo el aprovechamiento responsable de herramientas de inteligencia artificial, la gestión de datos y las habilidades necesarias para la transformación digital de los servicios públicos.
El ministro destacó que la incorporación de estas tecnologías debe acompañarse de procesos de capacitación que permitan a los servidores públicos comprender sus oportunidades, riesgos y responsabilidades, para garantizar que su utilización responda al interés general.
Un proceso respaldado por la evaluación del panorama de IA
Estas iniciativas también se articulan con el proceso de Evaluación del Panorama de la Inteligencia Artificial (AILA, por sus siglas en inglés), desarrollado por el Ministerio de Administración Pública con el acompañamiento técnico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
La evaluación, cuya misión técnica se realizó en marzo de 2026, permite analizar las capacidades y condiciones del país para adoptar responsablemente la inteligencia artificial, considerando aspectos como infraestructura, disponibilidad y gobernanza de datos, talento especializado, capacidades institucionales y marcos de regulación y ética.
Este ejercicio constituye un insumo para identificar prioridades y orientar las próximas etapas de la política pública de inteligencia artificial, incluyendo el fortalecimiento de las capacidades institucionales y el desarrollo del marco regulatorio previsto para 2027.
El Ministerio de Administración Pública reiteró que estos esfuerzos forman parte de una agenda de modernización del Estado centrada en las personas, en la cual la innovación tecnológica debe traducirse en servicios públicos de mayor calidad, instituciones más eficientes y garantías efectivas para los derechos de la ciudadanía.
