La nueva institución surge con el objetivo primordial de gestionar, operar y prestar programas de atención residencial para niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo medidas de protección, asegurando un servicio oportuno, integral, especializado y enfocado estrictamente en el interés superior del menor y los principios de excepcionalidad y temporalidad. 

Modelo especializado y articulación interinstitucional 

De acuerdo con las disposiciones del decreto, el Senar desarrollará sus funciones en el marco de una delegación extrajerárquica e intersubjetiva acordada con el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), entidad que mantendrá su rol inalterable como ente rector del Sistema Nacional de Protección y supervisor técnico del nuevo organismo. 

El servicio operará bajo estrictos criterios de separación de perfiles —considerando edad, sexo, etapa de desarrollo, nivel de riesgo y necesidades específicas de salud física o mental— para garantizar una atención diferenciada y de alta calidad en los hogares de paso y centros residenciales. 

Asimismo, se coordinarán acciones estrechas con el Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud (SNS) para la atención integral, el tratamiento clínico y la habilitación psicosocial de los menores acogidos. 

Comisión de Transición y metas hacia el 2027 

Para asegurar una puesta en marcha ordenada y eficiente, la normativa establece la creación temporal de una Comisión de Transición e Implementación, integrada por representantes del Ministerio de la Presidencia —quien la coordinará—, el Ministerio de Administración Pública, Hacienda, Vivienda y Edificaciones, Justicia, Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud, el Conani y la dirección ejecutiva del propio Señar.

Esta comisión tendrá la responsabilidad de diseñar la nueva red nacional de servicios residenciales y ejecutar un plan estratégico que contempla ampliar en al menos un 30 % la capacidad instalada del sistema de atención residencial para el año 2027. 

La institución iniciará formalmente sus operaciones el 1 de enero de 2027, garantizando en todo momento la continuidad absoluta de los servicios existentes y la protección jurídica de los expedientes y del personal involucrado. 

Con esta medida, la administración del presidente Luis Abinader reafirma su firme compromiso con la salvaguarda de los derechos fundamentales de la niñez y la adolescencia en situación de vulnerabilidad, dotando al Estado de herramientas modernas y especializadas para garantizarles un futuro digno y seguro.