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| Fuente Externa |
Santo Domingo.- La madrugada de este viernes,
mientras llovía en varios puntos del país, equipos del Ministerio Público
entraron simultáneamente a consultorios, clínicas, residencias y centros de
salud en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La
Vega. Al mediodía, el balance era de 37 allanamientos y al menos 28 personas
detenidas, la mayoría médicos, en lo que las autoridades denominaron Operación
Cobra 2.0-A, la fase más reciente del expediente que ya se conoce popularmente
como "Senasa 2.0".
De un caso a una red
Lo que hoy involucra a decenas de médicos,
ejecutivos de farmacias y hasta familiares de un exempleado ya preso, comenzó
meses atrás con un señalamiento más puntual: una presunta estructura de
corrupción instalada, según la acusación del Ministerio Público, durante la
gestión de Santiago Hazim al frente del Seguro Nacional de Salud (Senasa). Esa
primera fase ya dejaba en prisión preventiva a Ángel Luis Guzmán Vásquez,
extrabajador de la institución, recluido en la cárcel de Las Parras desde mayo
con una medida de 18 meses.
Lo que ha cambiado con "Senasa 2.0" es la
escala. Los fiscales, encabezados por el procurador adjunto Wilson Camacho,
director general de Persecución del Ministerio Público, ampliaron el radar
hacia los prestadores de servicios de salud —médicos, clínicas, farmacias— que,
según la acusación, participaron del esquema desde el otro lado del mostrador.
Entre los detenidos de esta semana figuran Juan Gabriel Rodríguez Ravelo,
subdirector del hospital Darío Contreras, y siete cirujanos ortopedas
vinculados en su mayoría al Servicio Nacional de Salud (SNS), señalados de
haber facturado servicios que, según la imputación, nunca prestaron. También
cayeron Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Patronato Cibaeño Contra
el Cáncer, su esposa Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la fundación Tócate
RD-Cáncer, y hasta la madre, el padre y un hermano de Guzmán Vásquez, el primer
detenido del caso.
Siete maneras de desviar fondos
públicos, según el Ministerio Público
La acusación no se limita a un solo mecanismo.
Según el propio órgano persecutor, la investigación abarca al menos siete tipos
de maniobras: sobornos a gran escala; doble facturación de servicios médicos a
Senasa; cobros por servicios y medicamentos que nunca fueron entregados a los
pacientes; adulteración de estados financieros para encubrir el desvío de
recursos; venta de medicamentos donados y contrabando mediante exoneraciones
fiscales; autoasignación de salarios, viáticos y reembolsos fraudulentos por
viajes y hoteles; y, quizás lo más llamativo, el uso de habitaciones del
Instituto Oncológico Regional del Cibao —un centro dedicado a pacientes con
cáncer— para realizar cirugías estéticas. El expediente añade, además,
señalamientos de sabotaje digital y robo de archivos dentro de la estructura
investigada.
El impacto financiero que el Ministerio Público
atribuye al esquema completo ronda los RD$16,000 millones, una cifra que
convierte al caso en una de las mayores investigaciones por corrupción en el
sector salud dominicano de los últimos años. A los cargos originales —coalición
de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores— se suman ahora
estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y
lavado de activos.
Las reacciones: del Palacio al
Congreso
El presidente Luis Abinader, de gira de trabajo en
Puerto Plata, no tardó en pronunciarse. "Que esto sirva de ejemplo, ahora
y para estos meses, estos años, que el que cometa un acto de corrupción va a
ser sometido a la justicia y va a la cárcel, y todavía peor en un área como esa
de salud", declaró, insistiendo en que corresponde al Ministerio Público
profundizar la investigación y establecer responsabilidades conforme al debido
proceso.
En el Congreso, varios diputados pidieron que el proceso
no se detenga en los prestadores de servicios ya arrestados. El presidente de
la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, expresó su expectativa de que la
investigación llegue "hasta las últimas consecuencias", mientras
otros legisladores reclamaron explícitamente que se alcance también a los
responsables de mayor nivel dentro de la estructura señalada. Organizaciones de
la sociedad civil, como la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO),
calificaron el esquema como uno de los mayores fraudes cometidos contra el
erario dominicano y exigieron que "caigan todos los implicados".
Lo que sigue
Por ahora, los abogados de varios de los detenidos
—entre ellos representantes de una cirujana y un pediatra— acudieron a la
Procuraduría General de la República sin conocer, hasta media mañana, las
imputaciones específicas contra sus representados. El proceso de
judicialización recién comienza: falta que un tribunal determine las medidas de
coerción para cada uno de los arrestados, y que el Ministerio Público continúe
la línea de investigación que, según Camacho, busca colocar en el banquillo de
los acusados a todo aquel que haya sustraído fondos de la aseguradora estatal.
Como en toda investigación en curso, las
imputaciones descritas corresponden a la versión del Ministerio Público y están
sujetas al proceso judicial correspondiente; ninguno de los señalados ha sido
condenado hasta el momento.
