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| Fuente Externa |
Ya pasó mes y medio desde que la tierra se movió dos veces el mismo día en Venezuela. Fue el 24 de junio, dos sismos de magnitud 7.2 y 7.5, y desde entonces el país no ha dejado de contar: contar muertos, contar heridos, contar casas, y ahora, contar edificios.
El último número lo dio a conocer este fin de semana el ministro de Transporte, Francisco Garcés, quien además encabeza la comisión presidencial encargada de revisar qué tan habitables quedaron las construcciones tras el sismo. Según él, ya son 51,124 las edificaciones inspeccionadas en todo el país. La buena noticia, si se puede llamar así, es que a la mayoría no le pasó nada grave.
Verde, amarillo, rojo
El sistema que usan los inspectores es sencillo de entender, aunque no tanto de vivir si te toca del lado equivocado. Cada edificio revisado recibe una etiqueta de color. Verde significa que está bien, que se puede seguir viviendo o trabajando ahí. Amarillo es zona gris: hay que tenerlo vigilado, quizás necesite reparaciones antes de darlo por seguro del todo. Rojo es la peor noticia, alto riesgo, no se puede ocupar.
De los más de 51,000 edificios revisados, el 58% salió con etiqueta verde. Un 23% quedó en amarillo y un 18% en rojo. Traducido a números reales, eso significa que estamos hablando de más de 9,000 construcciones marcadas como peligrosas en este momento, según cálculos hechos a partir del propio reporte oficial. Para lograr esta revisión, el gobierno desplegó a 3,071 inspectores por distintas zonas del país.
El camino hasta llegar aquí
Este número no salió de la nada. Hace apenas dos semanas, cuando se cumplió un mes del terremoto, el Colegio de Ingenieros de Venezuela reportaba unas 8,000 estructuras revisadas por su cuenta, con más del 70% clasificadas como habitables. Casi al mismo tiempo, el gobierno hablaba de más de 30,000 edificios inspeccionados. En cuestión de semanas esa cifra oficial se disparó hasta superar los 51,000, lo que da una idea de la velocidad con la que se ha ido moviendo, al menos sobre el papel, este operativo.
Lo que queda por resolver
Mientras avanzan las inspecciones, sigue abierto el otro frente, el de la vivienda. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó días atrás que el gobierno está reparando más de 13,000 viviendas dañadas por los sismos, de un total de 41,624 hogares afectados según el último balance oficial. Para ayudar a la gente a comprar casa nueva, anunció también créditos con subsidio del gobierno: 80% para viviendas de hasta 70,000 dólares, y 50% para las que cuesten entre 70,000 y 100,000 dólares. El Parlamento, por su parte, aprobó una nueva ley de arrendamiento pensada para reactivar el mercado inmobiliario golpeado por el desastre.
Detrás de todos estos números hay una tragedia que todavía pesa. El balance más reciente habla de más de 6,000 personas fallecidas y más de 16,000 heridas. El Banco Mundial, por su lado, calculó los daños físicos directos en unos 19,600 millones de dólares, y advirtió algo que debería preocupar más allá de las cifras del fin de semana: si la reconstrucción se hace lenta, la recuperación económica del país podría sentirse durante toda la próxima década.
Así que sí, 51,000 edificios revisados es un avance. Pero es apenas una parte de una cuenta mucho más larga, y todavía sin cerrar.
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